¿Y Boston?

José Miguel Benavente

Hace un par de semanas fui invitado a un encuentro organizado por estudiantes chilenos de políticas públicas en Boston. Una de las presentaciones fue la de Sergio Urzúa, colega y amigo, sobre los problemas que, a su parecer, tenía un sistema de impuesto a los profesionales para financiar la gratuidad en la provisión de educación terciaria en nuestro país.

Mi réplica a sus críticas se basaba en su propia evidencia. Un mecanismo de impuesto ex post a los profesiones eliminaría, por definición, todos esos casos donde actualmente existe rentabilidad negativa. Que no son pocos. Por otra parte, un sistema así es naturalmente progresivo ya que en términos relativos, las familias de ingresos más bajos se verán proporcionalmente más aliviadas al no tener que endeudarse para pagar los estudios universitarios. El pago sería contingente al ingreso. Obviamente este sistema requiere ser complementado con un mecanismo de becas para aquellos alumnos de familias de menores ingresos para pagar el costo alternativo de estar trabajando. Dicho mecanismo, no obstante, requiere selección por ingreso y talento para que sea justo y también viable.

Evidentemente este sistema de impuesto no puede aplicar solo para aquellos que tuvieron gratuidad en la provisión sino para todos los estudiantes universitarios. De esta manera se evita el problema de segregación que se generaría pues oferentes que voluntariamente no se adscriban al sistema, podrían descremar la demanda y con ello competir en forma desleal con el resto de sistema. Para asegurar calidad, la selección por talento ayuda pero las universidades, independientemente de su naturaleza, mediante concurso y contratos de desempeño, pueden acceder a subsidios a la oferta para desarrollar la investigación necesaria para mejorar la calidad docente y sus vínculos con el medio social y productivo.

De esta forma el sistema en su conjunto pasa a ser uno de solidaridad entre los muchachos de la misma generación o cohorte, donde aquellos que por la rentabilidad privada de su carrera compensan a aquellos que siguieron una carrera privadamente menos atractiva pero socialmente deseable. Por una parte, cabe recordar que quienes hoy financian, y muchas veces deciden la carrera de los estudiantes, son sus familias, sujeto diferente a quien pagaría el impuesto, de tasa y plazo fijo, una vez trabajando. Y por otra, para aquellos que tuvieron que pagar el arancel, pues su universidad voluntariamente no quiso participar del sistema de gratuidad, su impuesto estará ayudando a financiar los adelantos en conocimiento vía el apoyo a la oferta de investigación de las universidades, donde podría estar su propia alma mater.

Las mismas simulaciones de Urzúa sugieren que un sistema de impuesto a los profesionales no costaría más de 8 puntos del PIB. ¡En valor presente!, donde el costo mayor sería durante los primeros años de implementación pues no habría ingresos via los impuestos. Bien vale la pena pensarlo seriamente.